Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

¿Cuál será el futuro de la Universidad Autónoma del Caribe? La pregunta surge luego de las afirmaciones que hizo ayer en Emisora Atlántico la rectora saliente, María Victoria Mejía, quien dijo que, luego de dos años de intervención del Ministerio de Educación, se “cumplió en un 99%” el plan de mejoramiento impuesto por esa dependencia nacional, pero, a la vez, aceptó que la situación financiera aún es “crítica y difícil”.

A la par con esas declaraciones, la universidad expidió un comunicado en el que afirmó que “no es cierto que se haya dispuesto el levantamiento de las medidas de vigilancia especial y tampoco los institutos de salvamentos, como de manera imprecisa ha sido informado por un medio local”.

Se refería el documento a la noticia que publicamos el lunes referente a la elección del nuevo rector y a los dos escenarios complicados que este heredará: el cobro de acreencias millonarias de parte de entidades bancarias y la reducción en el número de matrículas, semestre tras semestre.

¿Por qué Emisora Atlántico y Zona Cero.com informaron que el nuevo rector no contaría con la protección del Ministerio de Educación ante acreedores bancarios y particulares?

Ese anuncio lo hizo la propia rectora saliente en la única rueda a la que citó. Fue el 5 de septiembre de 2019, pocos días después de su desembarco de Medellín, luego de que, intempestivamente, Claudia Dacunha dejara el cargo, en una decisión que produjo consejas, comentarios y suspicacias, aunque después el ministerio, con incienso y mirra, ensalzó su labor.

En aquella comparecencia ante los medios, Mejía se refirió a las “evidencias contundentes” que generaron la “crisis muy difícil” que encontró, en referencia al descalabro administrativos y financieros producto de los malos manejos del exrector Ramsés Vargas, y enfatizó que sin la vigilancia y las medidas cautelares que el Ministerio de Educación había ordenado en 2018 la universidad hubiera sido “inviable en el inmediato plazo”.

Luego, tras una pregunta de Emisora Atlántico, fue la misma rectora la que dijo que no era viable una prórroga de las medidas e institutos de salvamento -que ahora ella y la universidad dicen que no han sido levantadas- porque estas solo eran prorrogables por doce meses, que “se vencen -afirmó Mejía- en abril del próximo año”, más exactamente el 18 de abril de 2020; incluso, aceptó la funcionaria que ante el escenario que se avecinaba debía emprender una carrera contra el tiempo para reformar los estatutos, a fin de eliminar las causas que originaron la crisis, e iniciar un proceso para recuperar la confianza de los bancos y lograr acuerdos para que le tendieran salvavidas a la universidad.

Al dejar el cargo Mejía, tan intempestivamente como Dacunha, surgen muchas preguntas:

¿Qué temas abordó el 99% del plan de mejoramiento que ella afirma se cumplió? ¿Acaso ese plan ignoró la álgida y fundamental parte financiera, columna vertebral de los males que sufre la universidad, porque, como ella misma lo dijo en la rueda de prensa, sin recursos no hay buena academia ni investigaciones?

¿Qué inmuebles de los hipotecados, entregados en pactos de retroventa, en fiducias o en leasing recuperó la universidad en estos dos años? De acuerdo con el informe del ministerio que tumbó a Vargas, revelado a finales de enero de 2018 por Emisora Atlántico y Zona Cero.com cuando el exrector lo tenía engavetado, son cerca de 60 propiedades.

¿Qué tanta confianza recuperó de los bancos Davivienda, BBVA y Helm Bank, que tienen en su poder, como garantías, bienes de la universidad que en 2017 valían 89.182 millones de pesos? ¿Apareció el salvavidas esperado? ¿Cuánto suman hoy las acreencias con bancos y particulares?

El interrogante sobre la confianza bancaria surge porque, por ejemplo, Davivienda reclamaba el edificio Multipropósito, que nunca funcionó por falta de plata, en la carrera 46 con 90 esquina, así como el edificio de los parqueaderos, carrera 49C entre calles 88 y 90. Cuando estalló el escándalo de Ramsés Vargas, las deudas por dos leasings sumaban 8.189 millones y 8.000 millones, respectivamente.

Sobre el edificio Multipropósito la saliente rectora, el 22 de octubre de 2019, le propuso al Ministerio entregárselo a Davivienda. ¿Esa transacción se hizo?

¿Existe un programa de pagos, fue acordado con los acreedores o solo se lo presentaron al ministerio para que lo aprobara a fin de hacer ver que estaban cumpliendo el plan de mejoramiento?

Ayer, la rectora Mejía reconoció que los ingresos de la Autónoma solo alcanzan para los “gastos operativos”, es decir temas salariales y prestacionales.

El 21 de octubre del año pasado, en reunión con la inspectora in situ, Diana Barrios Barrero, la rectora María Mejía; el vicerrector financiero, Miguel Vives, y Cristian Quintero presentaron el informe de una firma estructuradora referente al “nuevo plan de pagos” de las acreencias. Las cifras concluían que “la Universidad Autónoma con el costo mensual que representa la nómina actual (…) no es viable en el corto plazo”.

Por eso surge una última pregunta. ¿Por qué al vencerse los dos años de las medidas de vigilancia y cautelares el Ministerio de Educación deja en manos del Consejo Superior el nombramiento de un rector por 4 años, como sucederá el próximo viernes; significa esto que la entidad nacional toma distancia al ver que el panorama financiero de la Autónoma no mejora?

Por todo lo anterior, no hay duda de que el nuevo rector encontrará un muy complicado escenario. Preguntar nunca es malo, y menos en periodismo.